La Justicia de Rosario condenó a Samanta Vilches, pareja del preso Fabio Giménez, a 19 años de prisión por su rol clave en una asociación ilícita dedicada a extorsionar comerciantes mediante amenazas y balaceras. La mujer actuaba como organizadora externa de un esquema delictivo dirigido desde la cárcel de Coronda, en el que también participaron Vanesa Luna (condenada a 7 años) y Lucas Robay Romagnoli (6 años), compañero de celda de Giménez.

Según la acusación del fiscal Pablo Socca, Vilches seleccionaba víctimas, recolectaba información sensible sobre ellas y facilitaba datos a Giménez, quien desde su celda enviaba amenazas y exigía pagos a cambio de “protección”. Algunas víctimas llegaron a pagar importantes sumas de dinero tras sufrir ataques armados en sus locales.

El esquema, descrito como una “pyme carcelaria”, se expandió a partir de 2021 como una forma fácil y sin riesgo de recaudar dinero desde el encierro, con apoyo de familiares o allegados en libertad. El caso es inusual en la justicia rosarina, ya que muy pocos episodios de este tipo llegan a juicio oral; la mayoría se resuelve mediante acuerdos abreviados.

Fabio Giménez, señalado como jefe de la red, ya cumple una pena de prisión perpetua por su rol como reclutador de sicarios en homicidios por encargo, y firmó además un acuerdo abreviado por otras extorsiones, que le sumó 15 años más de condena.

Este juicio expuso nuevamente la falta de control sobre lo que ocurre dentro de las unidades penitenciarias, donde continúa operando la narcocriminalidad con celulares y logística propia, amparada muchas veces por la desidia o complicidad estatal.